En su comparecencia para explicar las prioridades de su Departamento en materia de Función Pública, Fernández de la Vega destacó que ese Acuerdo, que contiene 50 medidas concretas, es un "buen ejemplo de que se puede hacer frente a la crisis trabajando por una administración más eficiente, abierta, transparente e igualitaria, garantizando los derechos de las trabajadoras y trabajadores". "Gracias a ese acuerdo tenemos una hoja de ruta para avanzar, gracias a la firme voluntad de diálogo, tenemos la estabilidad necesaria para poder hacerlo. Y gracias a la firme determinación de llevarlo a cabo, cumpliremos, Gobierno y centrales sindicales, el Acuerdo", remarcó.
Fernández de la Vega explicó que la sostenibilidad de las cuentas públicas, que siempre es un objetivo prioritario de la Administración, es, con las actuales dificultades económicas, "un principio esencial". Por ello, de acuerdo con los sindicatos, se ha adoptado una política de racionalización de recursos organizativos y humanos, de la estructura de la administración y del empleo.
Observatorio del Empleo Público y Plan de Reordenación de los Recursos Humanos
En su intervención, la Vicepresidenta Primera también adelantó que, cumpliendo el compromiso del Gobierno con los sindicatos, la última semana de marzo se aprobará el decreto de creación del Observatorio del Empleo Público. Este Observatorio servirá para analizar y elaborar propuestas para "mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública".
Asimismo, también avanzó que ya está en marcha el grupo de trabajo para el Plan de Reordenación de Recursos Humanos. Un Plan que actuará sobre todos los ámbitos que puedan mejorar el servicio de la administración -planificación, diseño de plantillas, perfiles profesionales, racionalización de horarios y reasignación de efectivos, entre otros-.
Fernández de la Vega recordó que para hacer frente a las dificultades actuales, Gobierno y sindicatos acordaron "un pacto retributivo de los empleados públicos para la legislatura, con un incremento salarial del 0,3 por ciento para este año 2010". "Supone un importante esfuerzo de austeridad y responsabilidad, ya que el reciente acuerdo suscrito entre patronal y sindicatos sitúa en el 1 por ciento los incrementos salariales para este mismo año. Un esfuerzo que, en un momento que tanto se necesita, creo que todos debemos agradecer a los sindicatos y a los empleados públicos y desde luego así lo hace el Gobierno", señaló.
Aseguró que avanzar en una administración más eficiente exige también "pensar en la salida de la crisis". Con ese objetivo, y en coherencia con el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013, explicó que el Gobierno ha decidido limitar la tasa de reposición de efectivos en un 10% y reducir los costes de personal en un 4% hasta 2013.
"Porque racionalizar la administración es mejorar la eficiencia y la gestión de quienes trabajan en ella, pero es también lograr el mejor ajuste entre su tamaño y los fines que persigue, es adaptar su estructura y organización a las exigencias y necesidades actuales del servicio público. Y precisamente esa es la dirección que marca el proyecto de Ley de Economía Sostenible impulsado por el Gobierno, y es ese mismo objetivo es el que persigue el Programa de Racionalización y Reducción de la Administración General del Estado y del sector público empresarial", resumió.
Este Programa de racionalización, indicó, "contemplará la reducción de altos cargos de la Administración General de Estado". Asimismo, explicó que con la racionalización del Sector Público empresarial se persigue reducir "el número de empresas públicas, mediante un proceso de fusiones y concentraciones" y el número "de sus cargos directivos y miembros de consejos de administración"; así como revisar sus retribuciones.
"En definitiva, un Programa que prevé la reestructuración de órganos de la administración y del sector público empresarial estatal y que, tal y como indicó el Presidente del Gobierno en esta misma Cámara, será aprobado próximamente por el Consejo de Ministros", añadió.
Fernández de la Vega aseveró que todos estos objetivos son "sin duda una exigencia para la Administración General del Estado". "Pero se trata también de objetivos que aspiramos a acordar y extender, en el seno de la Mesa General de Negociación, al resto de las Administraciones Públicas y Corporaciones Locales", dijo.
"Porque estamos convencidos de que la administración pública, todas las administraciones públicas, no sólo deben ser solidarias con el esfuerzo que está realizando toda la sociedad, sino que, acorde con su vocación permanente de servicio público, pueden y deben dar un ejemplo de compromiso con ese objetivo de responsabilidad y sostenibilidad por el que trabaja toda la sociedad", argumentó.
Afirmó que si se tiene en cuenta el Acuerdo para la Función Pública, en este momento se están adoptando los trámites necesarios para poner en marcha la gran mayoría de las propuestas que corresponden en exclusividad al Gobierno. Entre otras, citó la delimitación y clarificación de los servicios que se pueden externalizar, la ampliación de la información a la hora de definir el perfil de cada puesto de trabajo, la implantación del Plan de Igualdad y la elaboración de protocolos de actuación en supuestos de acoso, así como la unificación de criterios en materia de responsabilidad y acción social.
Señaló que también hay otra serie de compromisos que, al implicar a varias administraciones, deben ser tratados en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. "Hablo de actuaciones en ámbitos tan importantes como la carrera profesional y el sistema de retribuciones, la creación de las mesas sectoriales de sanidad, educación, justicia y universidades previstas en el acuerdo con los sindicatos, el establecimiento de mecanismos de igualdad y responsabilidad social, la reducción de la tasa de temporalidad o el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, una herramienta básica y fundamental de la que podemos extraer un enorme fruto, en las distintas administraciones", especificó.
Estos temas, de "especial trascendencia" para el futuro de las administraciones públicas, "requieren del concurso del Gobierno Central, de las Comunidades Autónomas y de los entes locales".
Por ello, anunció que el Gobierno va a convocar la Mesa general de Negociación de las Administraciones Públicas el próximo 23 de marzo. "El Gobierno acudirá a ella, como siempre hace, con la mejor de las disposiciones", recalcó.
Administración eléctronica
Fernández de la Vega sostuvo que la implantación y el desarrollo de la Administración electrónica tienen para el Gobierno un "carácter estratégico". A día de hoy, más de 2.000 procedimientos administrativos de la Administración General del Estado se pueden efectuar electrónicamente, lo que representa prácticamente el 97% del total de los trámites existentes", resaltó.
Aseguró que para responder a las demandas de una sociedad y una economía basadas en la información y el conocimiento es necesario un cuerpo de funcionarios con la capacitación adecuada. Y que en ese objetivo, la formación es "una pieza clave".
En ese sentido, explicó que el pasado año se invirtieron 140 millones de euros en formación continua y que este año, el esfuerzo será de casi 139 millones de euros. Asimismo, señaló que ya se están dando, en el marco del Acuerdo para la Función Pública, "los pasos necesarios para aprobar un Plan General de Formación en Administración Electrónica".
"Está muy avanzada, en el seno de la Comisión General de Formación Continua, la negociación de un nuevo Acuerdo General para la Formación que va a servir para impulsar su profesionalización y perfeccionar los servicios que prestan a la ciudadanía", adelantó la Vicepresidenta, que también anunció que la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado iniciará en septiembre su tramitación y que ya está constituido un grupo de trabajo para redactar el Anteproyecto.
Ley de la Función Pública e incompatibilidades
Esta nueva norma, que "sentará las bases de la administración del nuevo siglo" y en torno a la cual el Gobierno quiere concitar "un amplio apoyo social y político" tiene como "ejes vertebrales" la formación y la evaluación objetiva. También garantizará que la selección y la carrera profesional de los funcionarios públicos "se atengan a los criterios constitucionales de mérito, conocimiento y capacidad".
La Vicepresidenta Primera puso de manifiesto que el Gobierno está trabajando en otras iniciativas como la normativa sobre incompatibilidades de los empleados públicos, la revisión de la normativa sobre clases pasivas, la solución extrajudicial de los conflictos y la reducción de cargas administrativas.
A este respecto, Fernández de la Vega señaló que ya se han acometido 159 actuaciones destinadas a este fin y puesto en marcha más de 400 proyectos que pueden suponer "una reducción de costes cercanos a los 10.000 millones de euros" para el sector productivo.
También destacó que el Gobierno ha apostado por la racionalización y la modernización de las Delegaciones de Gobierno para orientarlas "claramente hacia el servicio a los ciudadanos". Y subrayó que las Oficinas de Atención Integral 060 de las Delegaciones, creada en 2009, ofrece ya "un volumen importante de información y de servicios, no sólo del Estado, sino de todas las Administraciones Públicas".
Fernández de la Vega concluyó su intervención inicial en la Comisión Constitucional con un llamamiento al "diálogo, el acuerdo y la concertación" como "mejores herramientas" para hacer "frente a las dificultades". "No es obligatorio dialogar, es cierto, no es obligatorio el acuerdo, por supuesto. Es sencillamente una necesidad y una responsabilidad. Es lo que nos demanda la ciudadanía y lo que nos exige nuestro tiempo", resaltó.
A su juicio, "no es el momento de la política pequeña, tan atenta a las próximas elecciones que es incapaz de pensar en las próximas generaciones". "No es el momento de pretender imponer condiciones, ni de buscar la respuesta de unos u otros, de empresarios o sindicatos, de Gobierno u oposición, de Gobierno central o Comunidades Autónomas -finalizó--. Es el momento de buscar la mejor respuesta para todos porque ante problemas que a todos nos afectan y que tanto nos afectan, la iniciativa más acertada será la que sea concertada. Es el momento de colaborar en todo lo que podamos, de defender nuestros valores cuando debamos y sobre todo, por encima de todo, de trabajar por el interés general siempre".