Referencia del Consejo de Ministros
Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba el proyecto de reforma del Código Penal
viernes, 13 de noviembre de 2009
La reforma responde a las nuevas formas de criminalidad, como las derivadas de las nuevas tecnologías o el acoso laboral, tipifica por primera vez el delito de corrupción entre particulares y eleva las penas para los delitos urbanísticos y para los delincuentes sexuales. Además, introduce el delito de piratería marítima y aérea, que supondrá hasta 15 años de prisión. Los delitos de terrorismo que causen la muerte de personas no prescribirán.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica al Ley del Código Penal de 1995.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado en rueda de prensa que la reforma responde al objetivo del Gobierno de "ser implacable en la lucha contra la corrupción".
Entre las novedades que incluye el texto, De la Vega ha destacado que "tipifica por primera vez el delito de corrupción entre particulares y crea en el ámbito empresarial una figura similar al cohecho de funcionario". Asimismo, se modifican "los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo," y se adecua la legislación española a la europea en delitos de cohecho.
La reforma, según la Vicepresidenta, "quiere dar respuesta al debate social sobre el tratamiento de los delincuentes sexuales y la mayor protección de los menores cumpliendo el mandato expresado por el Parlamento en distintas ocasiones".
Otra novedad es que "se impone un largo periodo de libertad vigilada aplicable a terroristas y delincuentes sexuales cuando salgan de prisión", ha dicho.
Fernández de la Vega ha añadido que, dentro del objetivo prioritario del Gobierno de luchar contra el terrorismo y demás organizaciones criminales, "se elevan las penas cuando sus objetivos sean atentar contra la vida o la integridad de las personas, contra la libertad sexual y la trata de seres humanos".
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en su comparecencia junto a la Vicepresidenta, ha afirmado que la reforma es "cuantitativa y cualitativamente muy importante".
A su juicio, el Proyecto "incorpora respuestas eficaces frente a nuevas formas de criminalidad y mejora técnicamente las existentes" con la finalidad de "garantizar la libertad y la seguridad de todos los españoles".
Caamaño ha subrayado que se regula por primera vez en la historia la libertad vigilada "para evitar que terroristas, pederastas y violadores puedan cometer nuevos delitos o residir o acercarse a sus víctimas después de cumplir íntegramente su pena privativa de libertad en la cárcel".
Para los delitos de menor gravedad, la norma amplía el contenido de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.
Penas más duras
El titular de Justicia ha resaltado que endurece la respuesta penal para los delitos sexuales cuando las víctimas son menores de 13 años o son niños captados para espectáculos pornográficos. Además, se castiga al cliente de prostitución con menores o el reclutamiento de niños para la guerra.
A partir de la entrada en vigor de esta reforma, según el ministro, los delitos de terrorismo "cuando causen muerte, serán imprescriptibles, por tanto se podrán perseguir siempre".
"Igualmente -ha añadido- se aumenta el plazo de prescripción para el resto de los delitos a cinco años, lo que permite un plazo mayor para el esclarecimiento, la averiguación y la persecución de los mismos".
Francisco Caamaño también ha destacado que se incorporan por primera vez en el Derecho Penal los delitos de corrupción en el sector privado y se endurecen las penas en los supuestos de corrupción cuando se trata de responsables públicos. Estos delitos se castigarán siempre con penas privativas de libertad. Además, se incrementa la pena para los delitos urbanísticos.
Delito de piratería
El ministro de Justicia ha asegurado que "el Gobierno de España se encuentra plenamente comprometido con la seguridad de los barcos españoles, y por ello se incorpora en el Código de manera específica y con claridad el delito de piratería dentro del capítulo concerniente a los delitos contra la comunidad internacional".
Con ello, ha añadido, el Ejecutivo quiere dar respuesta a los que con violencia intentan apoderarse de un buque, atentan contra sus tripulantes y pretenden, además, apoderarse de su carga.
Nuevas plazas de fiscales
La vicepresidenta primera y el ministro de Justicia se han referido también a la creación de 99 plazas de fiscales, doce de ellas destinadas a la violencia de género. Las nuevas plazas tendrán efectividad el 30 de diciembre de 2009.
El Ejecutivo también ha analizado un informe sobre la nueva Oficina Judicial, que forma parte del Plan de Modernización de la Justicia aprobado el 18 de septiembre, y que transformará la Administración de Justicia para hacerla más ágil, eficaz y de mayor calidad en servicio de los ciudadanos.
María Teresa Fernández de la Vega ha manifestado que el Gobierno quiere que "jueces y magistrados dediquen todo su esfuerzo a su función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y potenciar la figura de los secretarios judiciales para que actúen como auténticos directores de la Oficina Judicial logrando así una mayor especialización y eficiencia en el trabajo".
A ello contribuirán también, según la Vicepresidenta, las nuevas normas procesales introducidas, como el establecimiento del juez de adscripción territorial, la modificación del juicio verbal o la reforma de la tramitación de los recursos de apelación, entre muchas otras.
Por su parte, Francisco Caamaño ha anunciado que en la parte no transferida a las comunidades autónomas ya se han identificado los partidos judiciales en los que se pondrá en marcha la nueva Oficina Judicial.
Otros acuerdos
- Aprobado el calendario de entrada de nuevas instalaciones eólicas y termosolares para el próximo año
- Desarrollados los planes de apoyo a los sectores del juguete y del mueble
- Destinados más de 1,6 millones de euros para la modernización de los servicios públicos de empleo
- Aprobado el reglamento del Consejo de Universidades
- Acordados los plazos y periodos para el desacople de las ayudas agrícolas en 2010 y en 2012
- Formalizada la distribución de 11,5 millones de euros a comunidades autónomas para programas de desarrollo rural y pesca
