El Consejo de Ministros ha aprobado la actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento 2009-2013, que incluye un programa de consolidación fiscal con el fin de reducir el déficit de las cuentas públicas al 3% en 2013.
Este programa de consolidación fiscal se estructura en dos pilares: el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad 2011-2013. El primero supone una reducción del 0,5% del PIB del gasto presupuestado para este año. El segundo plantea un recorte generalizado del gasto que afectará a todas las partidas, excepto a pensiones, prestaciones por desempleo, ayudas a la dependencia, educación e I+D+i.
Además, el Ejecutivo ha acordado propuestas de acuerdo marco con las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía y Corporaciones Locales con el objetivo de que el ajuste estructural del conjunto de las Administraciones Públicas alcance el 5,7% del PIB.
Las Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la Vicepresidenta Segunda, Elena Salgado, han explicado este conjunto de iniciativas ante los medios de comunicación.
María Teresa Fernández de de la Vega, ha asegurado que este plan supondrá un ahorro para las arcas públicas de casi 50.000 millones de euros hasta el año 2013.
La reducción del déficit, ha dicho, permitirá afianzar nuestro crecimiento y desarrollar la estrategia de economía sostenible para lograr un nuevo modelo económico y productivo que nos haga más fuertes.
La Vicepresidenta Primera ha insistido en que es "un plan ambicioso", pero no recorta pensiones, ni prestaciones por desempleo, ni gastos de dependencia, ni ninguna política social y tampoco afecta a las inversiones en educación e I+D+i, dados que ambos factores son el principal motor de la nueva economía sostenible que promueve el Gobierno.
Reforma de las pensiones
El Consejo de Ministros también ha aprobado el documento de reforma de las pensiones que presentará a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo.
El texto incluye medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo, entre las que figura aumentar paulatinamente la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años, al igual que han hecho otros países europeos como Holanda y Alemania.
María Teresa Fernández de la Vega ha señalado que, pese a la crisis, "la Seguridad Social goza de buena salud financiera, que se traduce en unas reservas de 60.000 millones de euros, que se incrementarán en otros 2.000 en las dos próximas semanas, y en un superávit presupuestario continuado".
La propuesta que hoy presenta el Gobierno, ha asegurado, "no afectará a los actuales pensionistas y se implantará de manera paulatina, fijando al final del camino como nueva edad de jubilación los 67 años".
La Vicepresidenta Primera ha subrayado que debemos ser conscientes del reto que supone el envejecimiento de la población, la mayor expectativa de vida y pensar en la sostenibilidad del sistema para las futuras generaciones.
El Gobierno, según Fernández de la Vega, buscará el máximo consenso tanto en la mesa de diálogo social como en el Pacto de Toledo.
La reforma planteada, a juicio de la Vicepresidenta Primera, es una "reforma responsable, nace con el espíritu de acuerdo y tiene en cuenta las futuras generaciones de pensionistas".
Por su parte, Elena Salgado ha aclarado que la propuesta incluye la ampliación del periodo de cálculo de la pensión, ya que "el cómputo actual perjudica muy especialmente a las personas que dejan de estar empleadas al final de su vida laboral".
Otros acuerdos
- Analizado un informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia
- Aprobada la concesión de un crédito de 5 millones de euros a Haití para paliar los daños del seísmo
- Fijadas las ayudas europeas que podrán solicitar los agricultores en 2010 y 2011