La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha afirmado que la futura ley es equilibrada, garantiza los derechos de autonomía y libertad de las mujeres y no descuida la protección de la vida prenatal. Aído no cree que sea posible "proponer una ley más equilibrada que ésta".
El principal objetivo de la norma, ha subrayado, es "frenar el incremento progresivo de embarazos no deseados que ha tenido lugar en nuestro país en los últimos diez años".
Bibiana Aído ha resumido los principales contenidos del Anteproyecto. El documento contiene un bloque importante de medidas en los ámbitos social, sanitario y educativo, para garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva y para prevenir embarazos no deseados.
Estas iniciativas están enmarcadas en una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que el Gobierno tendrá que elaborar cada cinco años con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de la comunidad científica y educativa.
La titular de Igualdad ha señalado como novedad el hecho de que el Ejecutivo dé rango de Ley a la educación sexual, a la formación y a la prevención de embarazos no deseados.
La futura Ley garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras catorce semanas de gestación. De manera excepcional se podrá interrumpir hasta la semana veintidós cuando exista un grave riesgo para la vida o la salud de las mujeres, o riesgo graves de anomalía para el feto. A partir de la semana 22 "sólo será posible cuando se diagnostiquen en el feto anomalías incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico", ha explicado la ministra.
En todos los casos, la interrupción deberá ser practicada por un médico o bajo su dirección, en un centro público o privado acreditado y con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada.
Aído ha asegurado que la interrupción voluntaria del embarazo se garantiza con esta Ley dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea "una prestación pública, gratuita y para que se realice en la red sanitaria pública".
Además, ha reiterado que con la nueva Ley "ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo, pero esto no quiere decir que las prácticas ilegales queden impunes".
El Gobierno, ha apuntado, propone "la mejor Ley posible, respetando los derechos de las mujeres, respetando el marco constitucional y garantizando la igualdad en el acceso". Es una Ley "más equilibrada, más moderna y que nos acerca más a Europa".