VICEPRESIDENTA PRIMERA, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO EN EL FORO DE LA NUEVA SOCIEDAD
Buenos días, señoras y señores,
Muchas gracias, ante todo a José Luís Rodríguez por sus generosas y cariñosas palabras, y muchas gracias, desde luego, a los organizadores de este Foro por la oportunidad que me han brindado de poder dirigirme una vez más a todos ustedes.
Finaliza un curso político especialmente intenso en el que ha transcurrido la etapa central del proyecto político con el que obtuvimos la confianza de los ciudadanos. En este momento de la legislatura tenemos mucho camino recorrido pero aún queda mucho por andar, hay mucho trabajo por delante.
El tiempo político suele estar marcado por una actualidad siempre apremiante que deja pocos espacios para reflexionar sobre lo que estamos construyendo conjuntamente.
Sin embargo, creo que esa reflexión es esencial porque un país es un devenir, un proyecto de convivencia, de valores compartidos, de ilusión. Es una mirada consciente de sus raíces pero vuelta hacia el futuro.
Por eso, hoy quisiera que mi mirada no se detuviera en los detalles sino que procurara abarcar el cuadro general de la acción de gobierno para de este modo resaltar las líneas maestras que le imprimen toda su fuerza, que lo anclan en el presente y lo proyectan hacia el futuro.
Uno de los acontecimientos significativos de este final de curso ha sido la conmemoración del treinta aniversario de las primeras elecciones democráticas. Todos hemos recordado el enorme valor de aquel momento fundacional de nuestra democracia.
Hemos vuelto a mirar, con orgullo, con emoción y con un profundo reconocimiento las virtudes de aquel momento histórico en el que la sociedad española supo sobreponerse a décadas de falta de libertad y decidió coger las riendas de su propio destino eligiendo la palabra y la política como las fuerzas impulsoras.
Aquel 15 de junio escribimos la primera página del relato de una sociedad que deseaba vertebrarse sobre los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo.
Iniciamos entonces la empresa colectiva de construir un proyecto de convivencia del que todos formaran parte y del que nadie pudiera sentirse excluido.
Pero como cualquier relato, su sentido se va trazando a medida que se avanza, y en estos treinta años ha correspondido a distintos gobiernos saber traducir los anhelos y las esperanzas de los ciudadanos en cada momento en una acción coherente que contribuyera a la construcción de una sociedad democrática avanzada.
Todos los gobiernos han hecho esa contribución. Cada uno de ellos supo enriquecer nuestro patrimonio colectivo con aportaciones que se han incorporado definitivamente a él y sobre las que hemos seguido haciendo país.
Recuperamos las libertades y dimos los primeros pasos de nuestro Estado constitucional bajo los gobiernos de UCD. Fueron pasos firmes en unos momentos difíciles, en una época apasionante pero llena de incertidumbres. Y supimos crecer como democracia. En esos años arraigó el árbol de nuestra ciudadanía, de nuestra convivencia. Sabíamos hacia donde queríamos caminar y que, esta vez sí, lo íbamos a hacer todos juntos, sin exclusiones.
A lo largo de la década de los ochenta y la primera mitad de los noventa, los gobiernos socialistas impulsaron un gran cambio, un cambio profundamente cargado de valores, de proyecto de país, valores como la solidaridad, la igualdad, la seguridad, el desarrollo. Abandonamos esa imagen de España doliente que durante tantos años nos acompañó y nos convertimos en un país moderno, optimista, confiado en su capacidad para ganar el futuro.
Pusimos las bases de nuestro Estado social con la implantación de la educación universal, el sistema nacional de salud y el sistema de pensiones; ingresamos en Europa y nos convertimos en un socio decisivo en el proceso de integración. Construimos una red de infraestructuras a la altura de las necesidades y expectativas de un país que progresaba como nunca.
También bajo los gobiernos del Partido Popular se realizaron aportaciones relevantes a nuestro devenir común, como el ingreso en el euro, aunque durante sus años de gobierno se escribieron en el lado del debe capítulos especialmente tristes de nuestra historia reciente, como el apoyo a la guerra ilegal de Irak o la tensión territorial.
Hace tres años presentamos a los españoles un nuevo impulso en nuestro avance como sociedad, les ofrecimos recuperar esa confianza, esa mirada hacia delante, ese deseo de construir país en positivo. Un país que reflejara la realidad y los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos. Un país abierto y dinámico, un país de las personas y para las personas.
En este tiempo, el argumento central de nuestra política ha sido potenciar el estatuto de ciudadanía, que se ha desarrollado sobre dos ejes fundamentales: un nuevo estilo de gobierno basado en el protagonismo ciudadano, la transparencia y el diálogo; y una fuerte apuesta por una política socialmente comprometida con el bienestar y la libertad.
Esos son los dos grandes vectores del socialismo de los ciudadanos y las libertades que vertebra nuestro programa de acción: conseguir una democracia de calidad aumentando la cultura de la responsabilidad, la dación de cuentas y la cooperación; y avanzar hacia una sociedad de plena igualdad de oportunidades que trate a todos sus miembros de manera justa y solidaria.
La forma en que se ejerce el poder y el contenido de lo que se realiza se condicionan recíprocamente. Formas y contenido van a la par y tienen un objetivo común: reforzar nuestra democracia.
La democracia es el reino de la igualdad. Su premisa fundacional es el igual respeto y dignidad de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, su capacidad igual para participar en la dirección de los asuntos públicos.
Ese ideal igualitario exige de los poderes públicos una labor activa en la rectificación de las injusticias y la eliminación de toda forma de discriminación que impida el libre desarrollo de las personas.
La función primordial que le corresponde hoy al Estado es la de capacitar a las personas para ser dueños de su propia vida. Una política socialmente comprometida no puede pivotar ya sobre un Estado paternalista que trate a los ciudadanos como meros consumidores de servicios.
Al contrario, hoy debemos defender la idea de un Estado proactivo que cree una infraestructura de libertad real y efectiva para que los ciudadanos sean sujetos protagonistas de su futuro y del futuro colectivo.
Se ha dicho que la gran promesa del Estado social que ha conformado las sociedades contemporáneas durante el último medio siglo ha sido la liberación del miedo. El aseguramiento público de prestaciones y servicios ha pretendido garantizar un umbral de bienestar frente a las inseguridades del presente y las incertidumbres del futuro.
Hoy, esa idea fundamental sigue siendo plenamente válida, y el reto es darle más profundidad a través de políticas de ciudadanía que extiendan derechos y aumenten los espacios de autonomía, que liberen, en fin, a las personas del azar natural y social que les impone obstáculos y dificultades que no han elegido y les impide ser dueños de su propia vida con dignidad y autoestima.
Sin duda, las políticas que van a concitar más apoyo en el siglo XXI son aquellas que tienen en su centro a los ciudadanos, porque cuando un país confía su futuro en los hombros de las personas, de los hombres y las mujeres que lo integran, de todos sin excepciones, ese país está mejor capacitado para afrontar los retos del futuro.
Ésa ha sido una preocupación y una ocupación constante del Gobierno porque ésa ha sido la demanda de los ciudadanos: más espacios del libertad, eliminar las bolsas de discriminación que existen en la sociedad, ofrecer oportunidades a las personas.
Asumimos con ellos la responsabilidad de emplear de manera prioritaria nuestra energía política en lograrlo, y no hemos perdido el tiempo. Nos comprometimos a hacerlo y en lo que llevamos de legislatura hemos cumplido.
Hemos procurado que las discapacidades físicas o sensoriales dejen de ser desventajas discriminatorias para los colectivos de personas que viven con ellas.
Hemos puesto en marcha el sistema nacional de la dependencia, con el que el "deber individual" de las familias de cuidar a los suyos va ser sustentado por un derecho universal a la atención y apoyo públicos.
Hemos dignificado las prestaciones de las pensiones mínimas y del salario mínimo interprofesional, en un compromiso en el vamos a seguir perseverando.
Hemos equiparado en derechos a los trabajadores autónomos con el resto de trabajos, un colectivo con el que la sociedad tenía una deuda histórica.
Hemos dado el paso más valiente y decidido para remover los obstáculos que hoy dificultan que la igualdad entre hombres y mujeres, además de un derecho, sea una realidad cotidiana en todas las esferas sociales, desde el mundo del trabajo y la empresa, al de la política.
Hemos avanzado en la construcción de una sociedad en la que todos nos responsabilizamos de la suerte de nuestros conciudadanos. Una sociedad que va más allá de la comunión de intereses y se apoya firmemente en los lazos de la ciudadanía.
Hemos profundizado con ello la calidad de nuestra democracia, una democracia de ciudadanos que repudian la imposición, la crueldad y la mentira; que se saben partícipes de un mismo destino y no toleran discriminaciones ni desigualdades.
Hemos avanzado en la buena marcha de la economía que crece a muy buen ritmo, entre todos, agentes sociales y gobierno hemos promovido reformas laborales que están generando empleo y empleo estable, estamos realizando un esfuerzo inversor sin precedentes en el fortalecimiento de las capacidades de futuro de un país que es ya la octava potencia económica del mundo y que debe apostar firmemente por un cambio de modelo productivo centrado en la investigación, desarrollo e innovación y en la mejora del capital humano a través de un sistema educativo de calidad.
Por eso, esta es la legislatura de los derechos. Una legislatura en que el progreso de nuestro país se mide por el avance de la libertad de todos y especialmente de los colectivos desaventajados y vulnerables. Y, sinceramente, creo que ese avance no tiene vuelta atrás.
¿Puede, acaso, un ciudadano que ha visto reconocida su dignidad como persona ser capitidisminuido como en la antigua Roma suprimiendo el derecho que le amparaba?. Algunos están dispuestos a hacerlo, a suprimir la tierra de libertad conquistada y derogar las leyes que la garantizaban, pero la historia de nuestro país demuestra que, una vez ganadas, las libertades no retroceden sino que se integran en el acervo común de la sociedad.
Esa es una lección que quienes defienden la reversibilidad de los derechos no son capaces de aprender porque su visión de la sociedad sigue siendo la que les ofrece el retrovisor. Y así no se puede llegar muy lejos.
Por el contrario, se corre el serio riesgo de estrellarse ante la realidad de los deseos de progreso de los españoles, que lo que quieren es una sociedad donde cada hombre y cada mujer sean más libres, donde haya más igualdad, donde no existan espacios de dominación. Porque la libertad, como nos recuerda Gracián, es "no depender de ajena voluntad".
Nosotros creemos en un país que conoce el camino que ha recorrido, que reconoce orgulloso el legado de quienes nos han precedido en la tarea de la libertad, y que mira hacia delante, como hemos hecho en estos treinta años, con ambición, con confianza, con seguridad porque sabemos que lo hemos hecho bien, que entre todos hemos abandonado la España en blanco y negro y hemos construido un país que hoy es vanguardista en muchos aspectos.
Nos queda camino por recorrer, pero hoy los españoles gozan ya de más derechos. Muchos colectivos pueden ahora ejercer de manera efectiva su libertad, y todos los ciudadanos han ganado en seguridad para desarrollar sus vidas.
En particular, estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes para garantizar la integridad física y emocional, la dignidad y la vida frente a la violencia de género. Esta es una batalla de toda la sociedad que vamos a ganar. No es fácil, pero vamos seguir poniendo cerco a la violencia y el maltrato hasta que sean un mal recuerdo del pasado.
Cumplir los compromisos, fortalecer el estatuto de los ciudadanos y contar con ellos a la hora de tomar decisiones, ése es el método para que nuestra democracia sea más vigorosa y España un país mejor.
Construir una sociedad más cohesionada e inclusiva es el objetivo último de nuestra política y a ese fin también coadyuva de manera decisiva la apuesta de esta legislatura por el diálogo como forma de hacer política.
El diálogo promueve el consenso y el compromiso, al facilitar la aproximación de posiciones, y conduce a mejores soluciones y a decisiones que ganan en legitimidad porque reflejan los distintos puntos de vista.
Así lo creemos y así lo hemos practicado.
Diálogo con las Comunidades Autónomas, con las que hemos reforzado los mecanismos de cooperación y rebajado los niveles de conflictividad. Diálogo con el resto de fuerzas políticas, a las que siempre hemos tendido la mano y con las que hemos alcanzado acuerdos. Con todas salvo con quienes nunca los han querido. Diálogo con los agentes sociales que ha sido especialmente fructífero durante esta legislatura.
Nuestro compromiso con un estilo de gobierno que reivindica la importancia de la política como capacidad para sumar voluntades y emprender proyectos implica, también, un mayor acercamiento entre gobernantes y gobernados, asumiendo como deber inexcusable de actuación pública la transparencia.
Transparencia de las acciones y las razones que las justifican para someterlas al escrutinio público. Transparencia reforzando el papel del Parlamento en su tarea de control al gobierno, tanto en el Congreso, donde el Presidente sólo responde a las preguntas de los demás grupos y no a las del propio, del mismo modo que en el Senado.
Transparencia regulando el uso de la publicidad institucional para que sirva al interés público y no al puro auto-bombo. Y transparencia, en fin, ofreciendo una información veraz, plural y de calidad a través de medios públicos independientes.
Estos usos y normas están generando una cultura política más democrática, más responsable. Una cultura que está arraigando y cuya negación a través de la crispación, la imposición unilateral y la manipulación de los hechos produce un profundo rechazo por parte de los ciudadanos.
Quienes han hecho de esta mala práctica democrática la norma de su conducta durante estos años deberían tener en cuenta que nunca la defensa en negativo de una posición política ha generado ilusión y que sólo la ilusión es capaz de movilizar las fuerzas de los ciudadanos para construir una sociedad mejor.
Señoras y señores.
Hace tres años el partido socialista fue capaz de generar esa ilusión, y vamos a seguir trabajando para mantenerla. Éste es un proyecto que tiene mucho recorrido por delante, que tiene mucho futuro, pero que ya hoy tiene un gran presente.
Después de tres años de gobierno los ciudadanos están comprobando que hay un sólido vínculo entre nuestro compromiso y nuestra acción, que estamos cumpliendo nuestra palabra y haciendo realidad un país más moderno, con más espacios de libertad y de igualdad, un país más preparado para convertir los retos en oportunidades.
En estos tres años no hemos perdido el tiempo. Los ciudadanos están ganando en empleo, cada vez más y más estable. Están ganando en derechos. Están ganando en seguridad. Están ganando en confianza.
Pero ningún gran proyecto político puede desarrollarse sólo en una legislatura. Cada gobierno democrático se ha enfrentado en nuestro país a un momento histórico distinto, con necesidades y retos también diferentes.
A los primeros correspondió recuperar y asentar las libertades y el pluralismo político. Fue la hora después de dotar a España de unas infraestructuras de las que carecía y de sentar las bases del Estado de bienestar del que ahora disfrutamos. Y creo que no se puede poner en duda que esta tarea la realizaron gobiernos socialistas.
Ya en el siglo XXI, y de nuevo con un gobierno socialista, estamos sentando las bases de una nueva etapa en el devenir de España como país. Una etapa en la que la ciudadanía, consciente de la profunda transformación que experimenta su entorno, demanda nuevos derechos, demanda mayor protección. Y estamos en condiciones de proporcionárselos.
Para ello tenemos las ideas, tenemos el impulso y, lo que es más importante, tenemos el convencimiento de contar con el proyecto político que mejor puede dar respuesta a los desafíos de nuestro nuevo mundo globalizado.
A lo largo de ese tiempo hemos afrontado distintos retos, pero todos los gobiernos hemos debido enfrentar la misma amenaza a la libertad y la convivencia pacífica, todos hemos empleado las mismas armas: fortaleza del Estado de Derecho y unidad de todos los demócratas. Y todos los gobiernos han trabajado para alcanzar la esperanza de todos los españoles de poner fin a la violencia terrorista.
Esta ha sido la constante de nuestra democracia: determinación y firmeza para acabar con el terrorismo tanto desde el Gobierno como desde el resto de las fuerzas políticas que siempre han prestado su apoyo a la política antiterrorista.
Y a ello nos vamos a seguir dedicando y aplicando a fondo, más allá de la irresponsable y desleal actuación del principal partido de la oposición que ha considerado rentable romper de manera unilateral e injustificada, una práctica consustancial a nuestro vivir democrático.
Decía Hobbes que "es una cosa evidente por sí misma que las acciones humanas proceden de la voluntad y la voluntad de la esperanza y el miedo". Pese a quienes han hecho de este último el principal argumento y resorte de su estrategia, yo estoy convencida de que el deber de los responsables políticos consiste en hacer crecer la esperanza y menguar el miedo. En esa tarea nos hemos esforzado en estos tres años largos y en ella vamos a seguir perseverando con fuerza y con ilusión mientras los ciudadanos sigan depositando su confianza en nosotros.
Permítanme decirles que creo que será por muchos años.
Muchas gracias.