Señor Presidente, Señorías,

La prosperidad sostenida de España y la consolidación de nuestro sistema de bienestar tienen un requisito esencial: la eficacia de nuestras Administraciones, el buen funcionamiento de nuestros servicios públicos. Ésa es, desde luego, mi idea de España: un país con una Administración pública atenta al servicio de los ciudadanos, eficiente y ágil.

Señorías,

Nuestro modelo constitucional de Estado de las Autonomías atribuye a las instituciones centrales del Estado competencias y responsabilidades muy relevantes. No debemos olvidar que la Administración General del Estado y la Seguridad Social asumen, y seguirá haciéndolo, más de la mitad del gasto público en España.

Precisamente para seguir ejerciendo sus responsabilidades, y del mejor modo posible, mi Gobierno abordará una reforma de nuestra Administración, una reforma que estimule su capacidad de respuesta más ágil a los ciudadanos, de impulso del resto de Administraciones en políticas y esfuerzos conjuntos, y de propuesta e intervención en los marcos supranacionales que hoy son fundamentales.

Señorías,

Esa reforma es necesaria, en primer lugar, en el ámbito de la Administración de Justicia.

La reforma de la Justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable. No puede haber razón alguna, ni interés alguno, ni resistencia alguna, que prevalezcan sobre el clamor de los ciudadanos que piden, con todo derecho, una justicia ágil, transparente, responsable y plenamente conforme a los valores constitucionales. El diagnóstico sobre sus deficiencias está claro. Ahora hay que poner en juego la voluntad política para corregirlas y, además, con el mayor consenso posible.

Para empezar, es preciso gobernar mejor el Poder Judicial y gobernar mejor el Poder Judicial significa asegurar el trabajo eficiente, independiente y responsable de los jueces y tribunales.

Es al Consejo General del Poder Judicial a quien corresponde constitucionalmente velar porque así se haga. Le corresponde eso y no convertirse en escenario de una confrontación partidista que tiene su lugar, y muy legítimo, en otros foros, empezando por este Parlamento. No nos vale de nada preguntarnos quién es el responsable de la imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia y de su órgano de gobierno, pero sí seremos todos responsables si no atajamos juntos los problemas desde su raíz.

Lo primero que hay que evitar, que todos debemos evitar, es que se produzcan situaciones de bloqueo institucional como la que hemos vivido en la pasada Legislatura. Por esta razón, como remedio excepcional, aseguraremos el cese efectivo del Consejo cuando concluya su mandato, si esta Cámara lo estima conveniente, y promoveremos, en todo caso, una elección de sus vocales transparente, avalada por la garantía democrática de su idoneidad y capacidad.

Desarrollaremos los Consejos de Justicia en las Comunidades Autónomas, de conformidad con el principio constitucional de unidad del Poder Judicial. Con ello será posible un conocimiento más próximo de los problemas de la Administración de Justicia en cada territorio.

Es voluntad del Gobierno retomar, buscando el mayor apoyo parlamentario posible, las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las leyes procesales que no vieron la luz en la pasada Legislatura. Y hacerlo con el objetivo fundamental de introducir en la Administración de Justicia un modelo de gestión propio de nuestros tiempos, con los medios técnicos, personales y materiales que resulten necesarios. La reforma de la Oficina Judicial es un instrumento clave al respecto.

Una justicia más ágil, accesible y transparente requiere una distribución racional de las cargas de trabajo. Por ello, promoveremos también la modificación de la Ley de Planta y Demarcación, y lo haremos de acuerdo con las Comunidades Autónomas.

Será preciso, igualmente, seguir invirtiendo en un ambicioso Plan de Nuevas Tecnologías, que facilitará los trámites y notificaciones, la interconexión integral de la información entre todos los responsables y el acceso de la ciudadanía a los asuntos judiciales.

Será necesario el fortalecimiento de los Tribunales Superiores de Justicia y, paralelamente, la modernización del recurso de casación para que el Tribunal Supremo pueda ser el máximo órgano de unificación de doctrina y, por tanto, garantía máxima de la igualdad de todos los ciudadanos en la aplicación de la Ley.

Señorías,

Me propongo, pues, si obtengo la confianza de Sus Señorías, impulsar las reformas orgánicas y procesales necesarias para poner el servicio público de la Justicia, al menos, a la altura del nivel de bienestar que ha alcanzado nuestro país y reitero, más allá de cualquier retórica exhortación al uso, mi voluntad de contar en esta tarea, de innegable envergadura y trascendencia, con todos los grupos de la Cámara, empezando por el mayor de la oposición, así como con la colaboración de un Consejo General del Poder Judicial plenamente consciente de su designio constitucional, porque no tengo ninguna duda, Señorías, de que nadie escatimará su colaboración leal para evitar la impotencia y el dolor que hemos vivido en estos días ante trágicos fallos del sistema que han permitido hechos que nunca debieron ocurrir y por los que todos nos sentimos deudores con quienes los han padecido.

Tengo, desde luego, una idea clara y en esa idea no caben fallos judiciales clamorosos, procedimientos que se eternizan ni un gobierno de la Justicia que desatienda el derecho de los ciudadanos para ocuparse de asuntos corporativos o de controversias partidistas.