Quiero, en primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí, en esta reunión del Consejo Nacional de la Discapacidad. Pero, más que por estar aquí, quiero daros las gracias porque habéis sido personas, en representación de vuestras organizaciones, decisivas para que las cosas hayan cambiado mucho en estos últimos años en torno a lo que representa la dignificación de una sociedad. Dignificar una sociedad es igualar en derechos a sus ciudadanos y, de manera muy singular, a aquellos ciudadanos que, por una u otra circunstancia, tienen una dificultad añadida, una discapacidad, para poder tener la dignidad, la autonomía, los derechos y las posibilidades a su vida, a su empleo y a todo lo que representa un avance determinante para poder vivir con esa dignidad.
Este año, además, y este día son para nosotros muy especiales, porque uno de los empeños más intensos que hemos tenido en este período legislativo, en esta Legislatura, ha sido una ley que marca un antes y un después para muchas personas en este país, especialmente para personas con discapacidad.
Me acaba de dar el dato Amparo: a día de hoy, hay cien mil personas que están ya recibiendo las prestaciones de la Ley de Autonomía Personal frente a la Dependencia y con esta Ley, sin duda alguna, vamos a cambiar las circunstancias de muchas familias, las posibilidades de muchos seres humanos y, por supuesto, vamos a abrir, como hemos dicho en más de una ocasión, una etapa en la que el Estado del Bienestar, el Estado social y democrático de derecho, avanza en su realización.
Como es un Día Europeo de la Discapacidad, cabe afirmar que Europa, la Unión Europea, es ante todo una unión de ciudadanos con derechos y, dentro de los derechos, los derechos sociales son aquellos que integran más, que vertebran más y que posibilitan, junto a los derechos y libertades clásicas, lo que representa un despliegue razonable de la vida y de las familias.
Enhorabuena, pues, por vuestro trabajo y debemos de darnos también la enhorabuena porque la sociedad española ha ganado progresivamente una conciencia en pro de la igualdad y en favor de los derechos de los discapacitados.
Esa Ley de Autonomía Personal para la Dependencia fue aprobada prácticamente por unanimidad. Puedo deciros que la voluntad en su aplicación es tan firme como la voluntad de aprobar de Ley y que, afortunadamente, también disponemos de los recursos económicos necesarios para que se cumplan las previsiones de la Ley.
Algunos de los que estáis aquí recordaréis que hace tres años, en uno de mis primeros actos como Presidente, adquirí un compromiso. La ocasión era la firma de un convenio con el CERMI sobre contratación de trabajadores en el Complejo de La Moncloa. Asumí un compromiso para que estos años fueran años de avance en la igualdad efectiva de las personas con discapacidad.
Todos sabemos que ha habido situaciones de desigualdad que han permanecido ocultas, sin ser miradas por la sociedad y por los poderes públicos, durante demasiado tiempo. Y aún quedan zonas de sombra, donde no se ha mirado, donde cuesta mirar y donde una sociedad que se precie ha de poner los focos más potentes para iluminar esas realidades y darles una respuesta.
Hemos intentado en este período que la política en torno a los derechos de la discapacidad no fuera una política de un ministerio, de una dirección general o de un ámbito concreto, sino que fuera una política que estuviera presente en todas las actuaciones del Gobierno que, de una u otra manera, podían tener impacto sobre el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. En leyes como las de Educación, en las leyes universitarias, en las leyes de contratación pública, en las de acceso a la Sociedad de la Información, en las de asistencia jurídica gratuita o en la de desarrollo rural, se han incluido artículos específicos, concretos, para evitar cualquier tipo de discriminación y favorecer la igualdad. También sabemos que todas esas leyes son mandatos, pero son un primer paso que hay que colmar con su aplicación efectiva y con una vigilancia continua.
Ha habido ámbitos fundamentales en los que hemos actuado en este período: el acceso al empleo y la atención social y sanitaria de quienes están en una situación de dependencia.
El fomento del empleo es uno de los objetivos más importantes para la discapacidad desde nuestra perspectiva. Es el medio más idóneo para superar el déficit de ciudadanía, que en muchos casos se padece como consecuencia de la falta de trabajo, y es determinante para la integración en la sociedad y para asumir una autonomía vital.
Hemos avanzado algo en este período: hemos convertido en realidad la reserva del 5 por 100 de las plazas de Oferta de Empleo Público y la hemos ampliado a todas las Administraciones; hemos permitido que se acumulen años sucesivos cuando no pueda cumplirse, al aplicarla, no sólo al acceso, sino también a la promoción interna dentro de la Administración, y el resultado es que en 2003 sólo había un 3,2 por 100 de las plazas finalmente cubiertas en los cuerpos generales de la Administración del Estado y en 2006 hemos más que duplicado, llegando al 7,8 por 100, lo que representa una cifra de avance importante.
También hemos trabajado y peleado para que en el ámbito de la empresa privada se fomente este espíritu, mejorando las bonificaciones para contratos de fomento de empleo, ampliando las actuaciones de promoción al ámbito de los trabajadores autónomos o facilitando el tránsito de los Centros Especiales de Empleo a las empresas del mercado ordinario de trabajo mediante los llamados Enclaves Laborales.
No sólo hay que procurar que el empleo sea una posibilidad cada vez más cierta para las personas con discapacidad, sino que, además, el empleo debe ser de calidad. Por ello, hemos fomentado la contratación indefinida, extendiendo a los autónomos discapacitados los beneficios del Régimen General, regulando y fomentando el empleo con apoyo como forma esencial de garantizar la adaptación social y laboral del entorno a las necesidades de los trabajadores o aprobando, en las próximas semanas, la Ley de Empresas de Inserción.
En las próximas semanas también aprobaremos la Estrategia Global de Acción para el empleo de personas con discapacidad, que impulsará y sistematizará las medidas para promover su acceso al mercado de trabajo.
Junto al empleo y junto al sistema de autonomía frente a la dependencia, con la ley y con las medidas que ya conocéis, hemos puesto en marcha otras disposiciones, otras actuaciones, que también representan un esfuerzo especial en materia de conciliación, al incrementar los permisos por cuidado de familiares y las ayudas vinculados a esos permisos; al mejorar las prestaciones por hijo discapacitado hasta equipararlas con la cuantía de las pensiones no contributivas; al fijar cuantías mínimas de pensión, antes inexistentes, para viudas y huérfanos con discapacidad, y, desde luego, también en cada medida legislativa como en la que afecta al apoyo a la natalidad de los 2.500 euros que, en caso de personas o hijos con discapacidad, alcanza la cifra de 3.500 euros.
En 2004, cuando llegué aquí, a Moncloa, adoptamos un plan llamado Plan Moncloa para lograr la accesibilidad integral, a este Complejo al menos, para las personas con movilidad reducida y para las personas con discapacidades sensoriales.
Nos hemos volcado en favorecer condiciones de accesibilidad a múltiples sectores. Lo hemos hecho en lo relativo al acceso general físico y a través de los medios electrónicos e informáticos, también la Administración General del Estado, y creo que el acceso tiene una valoración muy positiva; al acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones; al acceso a la Sociedad de Información y medios de comunicación, y al acceso y utilización de los medios de transporte mediante un Real Decreto que hemos aprobado hace muy poco, apenas hace dos semanas, y que supone también un cambio trascendental para la vida de muchas personas en el espacio público.
Seguro que conocéis mejor que yo el Real Decreto, pero quiero subrayar que ha sido fruto de un gran esfuerzo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y del Ministerio de Fomento. Estamos confiados en que todas las Administraciones y las empresas públicas y privadas van a cumplir los plazos que se establecen y los requisitos y condiciones que se establecen para que en este país, en algo en lo que hemos estado y estamos muy atrasados, se pueda facilitar el transporte a personas con discapacidad.
Es verdad que hemos impulsado unos quinientos proyectos en toda España para la eliminación de barreras arquitectónicas y virtuales, pero es verdad que la tarea aún es ingente. Y esperamos que con ese Real Decreto se dé un avance sustancial en los próximos años.
Además, se ha creado el Centro de Intermediación Telefónica, que facilita la comunicación telefónica entre personas sordas o con discapacidades auditivas y/o en el habla. Hemos creado el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, integrado en el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, el INTECO, en León, que ha nacido como un referente estatal en la adaptación de tecnologías para las personas con discapacidad, con la implicación de seis empresas de referencia en el sector, a las que quiero agradecer su participación: Dragados, El Corte Inglés, la Fundación ONCE, Philips, Telefónica y Vodafone.
La verdad es que ha habido otras tres decisiones destinadas a asegurar la presencia y, por tanto, la participación en la integración de personas con discapacidad en el espacio público. En primer lugar, la aprobación de la Ley de Lengua de Signos y del sistema de apoyo a la comunicación oral. La Ley es un hito para nuestro país. Supone y garantiza el acceso a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, a los servicios públicos básicos; impone servicios de interpretación en lugares públicos; apoya su desarrollo en el ámbito privado y generaliza las ayudas para el acceso a los medios técnicos que puedan remediar o paliar la discapacidad.
La Ley es, sobre todo, el reconocimiento de un derecho de ciudadanía, clave para la integración en la discusión y la participación pública. Confío en que habrá una actitud vigilante y diligente para el cumplimiento efectivo de esta Ley. Yo estoy convencido de que distintas asociaciones y organizaciones lo van a hacer. Y, por supuesto, los Ministerios correspondientes también mantendrán esa actitud exigente y vigilante.
Segunda decisión para la incorporación en el espacio público de personas con discapacidad: la Ley de Infracción y Sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que las Cortes aprobarán en las próximas semanas. Va a proporcionar instrumentos útiles y eficaces para impulsar y exigir la actuación de las Administraciones y particulares en este ámbito.
Además, se ha dado un paso importante, como tercera medida, en el ejercicio del derecho de sufragio por parte de las personas ciegas o con deficiencias visuales, al prever legalmente la posibilidad de votar mediante una persona de su confianza pero, sobre todo, porque abre la posibilidad de regular procedimientos alternativos de voto que garanticen también en estos casos, lógicamente, el secreto del sufragio.
Quiero, para terminar, hacer una mención hoy a nuestra sociedad y especialmente a nuestros jóvenes. El deporte es el medio mejor para la integración social de las personas, para su desarrollo personal y también para la normalización de su presencia en la vida pública. Por eso esta Legislatura también supone un hito en el apoyo al deporte paralímpico, con la puesta en marcha del Plan ADO Paralímpico, que ha posibilitado que por primera vez los deportistas paralímpicos y sus preparadores cuenten con becas y ayudas similares a las de los deportistas de élite, y que puedan entrenar en Centros de Alto Rendimiento y en Centros de Tecnificación Deportiva.
En definitiva, ésta es una política de igualdad de oportunidades: facilitar medios a las personas con discapacidad para la competición paralímpica, medios inspirados y que, lógicamente, se habían puesto en marcha antes, como siempre, para las personas que no tienen una discapacidad y practican el deporte olímpico.
Y ahora seguimos completando el Plan ADOP, seguimos con el "amigo paralímpico", con el objetivo de involucrar a las empresas de cada provincia en un proyecto de patrocinio individual de un deportista para su participación en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008.
En definitiva, la verdad es que hemos intentado trabajar en casi todos los ámbitos de lo que representa el acceso a la igualdad de derechos de ciudadanía para las personas con discapacidad en nuestro país; digo en todos los ámbitos: legislativos, de gestión, de nuevos compromisos, de ruptura de barreras, de superar fronteras y de marcarnos nuevos horizontes, algunos ellos de gran alcance y, sin duda alguna, ambiciosos.
Por ello, hoy que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno acaba de depositar en Nueva York el instrumento de ratificación, por parte de España, de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta Convención incitará y promoverá a actuar también a otros organismos vinculados al sistema de Naciones Unidas, como UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, UNESCO o la Organización Internacional del Trabajo, en donde en todos estos ámbitos, sin duda alguna, se puede avanzar y pueden incorporar nuevas políticas y nuevos desafíos a favor de los derechos de las personas con discapacidad.
Están en marcha, pues, muchos proyectos. Deben tener continuidad y lo que representa, desde nuestro punto de vista, el punto de mayor seguridad es que buena parte de las leyes innovadoras, de los compromisos que abren nuevas expectativas y de los decretos que van a exigir un gran trabajo de eliminar barreras y de abrir nuevos espacios, lo hemos querido hacer con el conjunto de las organizaciones que representan la discapacidad en nuestro país, que están ampliamente representadas en este Consejo Nacional.
Vuestra tarea ha sido determinante y es determinante. Quiero hacer un reconocimiento público porque una sociedad es más digna y una sociedad es más admirada ante los demás países y ante el mundo en la medida que garantiza sus derechos a todos sus ciudadanos en pie de igualdad.
No ha sido en balde este tiempo, ha merecido la pena el trabajo hecho y, desde luego, como estoy convencido de que queda mucho trabajo por hacer, que hay muchas reivindicaciones por plantear y que hay muchas demandas por poner en marcha, que cada día, afortunadamente, las nuevas tecnologías, la investigación y la innovación abren expectativas hasta hace pocos años impensables para personas con discapacidad, lo que quiero deciros es que no queremos perder el tiempo; que queremos ganarlo para la discapacidad en este país; que existe la voluntad social, que es la condición más importante para la voluntad política, y que también existen, lógicamente, algo tan importante como los recursos para ello.
Muchísima gracias, de verdad. Nos sentimos muy, muy, honrados por trabajar a vuestro lado y nos sentimos obligados a escuchar vuestras opiniones, vuestras exigencias y vuestras reclamaciones.
Muchas gracias.