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Discurso del Presidente del Gobierno en la inauguración del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

Madrid, jueves, 21 de enero de 2010

Presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, gracias por estar aquí, una vez más, en España; por tu dedicación al proyecto europeo, por tu compromiso con la Europa social y por tu afán de colaboración con los veintisiete miembros de la Unión Europea y, por supuesto, con España, por lo que estamos muy agradecidos.

Comisario, Ministra, Presidente Felipe, me alegro mucho de estar aquí con todos vosotros y permitidme, en primer lugar, que agradezca la presencia a todas las personas que han venido desde distintos países europeos a esta Conferencia y expresar, en primer lugar, como ayer lo hice en el Parlamento Europeo, antes que nada, la sensibilidad que todos nosotros tenemos estos días ante la tragedia de Haití donde la pobreza, la inclusión y la desesperación adquieren su manifestación más dramática y más dantesca.

La Unión Europea se ha comprometido, como primera potencia mundial de ayuda al desarrollo, con Haití. Seguirá comprometida y estará en primera línea junto a los demás países que están prestando apoyo, cada uno desde su propia disponibilidad. Pero deseo aprovechar esta ocasión para expresar mi apoyo y mi reconocimiento a todos los voluntarios y a todas las Organizaciones No Gubernamentales que se están movilizando a favor del pueblo de Haití dando, una vez más, un testimonio, un ejemplo de solidaridad, de dignidad y de compromiso ciudadano.

Si Europa es un ejemplo de solidaridad hacia la exterior, estando en esa posición de liderazgo en ayuda al desarrollo, lo es porque en el proyecto fundacional de la Unión Europea y en la identidad más profunda de la Unión Europea están la cohesión social y la solidaridad.

Si en algo hemos cimentado este continente, este ambicioso proyecto político que es la Unión Europea, es en nuestro modelo de bienestar social, en nuestras políticas sociales y de cohesión, y en los sistemas de sanidad universal, de educación gratuita y de seguridad social; en definitiva, en el conjunto que dan sentido a las políticas del Estado del Bienestar, políticas universales para todas las personas, para todos los ciudadanos.

Por ello, para luchar contra la exclusión social, para luchar contra la pobreza y para luchar en favor de la inclusión social, es también necesario y obligado que los países democráticos y avanzados, los países europeos, faciliten la sanidad y la educación, los servicios básicos de la dignidad humana, a todas las personas que estén viviendo en nuestro país, más allá de su condición legal.

Europa comparte con otras regiones un sistema de libertades y derechos que nos protegen a todos, pero ha sabido diferenciarse en que ha logrado cotas de igualdad real que no se encuentran en ninguna otra región del mundo y lo ha hecho, sencillamente, porque ha adoptado los valores y las decisiones de convertir a las políticas sociales en un pilar sustancial para la cohesión y la convivencia democrática.

Así pues, la lucha contra la exclusión social no responde solamente a un paradigma ético en el que se funda nuestra convivencia no abandonar a su suerte a los más desfavorecidos, sino también a una arraigada y certera convicción: las políticas son más fuertes, estables y muestras más confianza en sí mismas en aquellas sociedades que cuentan con un alto grado de cohesión interna, de cohesión social.

Y hoy, cuando damos comienzo al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, estas consideraciones adquieren un valor especial y lo hacen por dos razones: por la situación de grave crisis económica que padecemos y por que la Unión va a revisar, como explicaba su Presidente, las bases de su crecimiento económico en la llamada Estrategia 2020 en la que no puede estar ausente el conocido modelo social europeo.

Atravesamos una grave crisis económica, cuyos efectos los vamos a sufrir durante bastante tiempo. El peor efecto en Europa es la pérdida de hasta ocho millones de puestos de trabajo y todo lo que ello comporta, que obliga a hacer un esfuerzo de protección adicional.

Ésta ha sido una de las pautas de nuestro Gobierno en la lucha contra la crisis. Además de luchar por frenar la crisis y salir cuanto antes de ella y volver a la recuperación económica, hemos, ante todo, puesto nuestra mirada en los más perjudicados, en los que sufren los efectos más directos de la crisis económica, para preservar la cohesión social y para no truncar las expectativas de futuro de sus vidas.

Por ello, querido Presidente, hemos mantenido durante este período todas las prestaciones de nuestro sistema de protección social, aun con la grave crisis económica. No sólo las hemos mantenido, sino que las hemos reforzado, manteniendo el esfuerzo de incrementar las pensiones más bajas, incrementando el gasto en dependencia y las ayudas a las Organizaciones No Gubernamentales y a los agentes sociales en la lucha contra la exclusión, a través del porcentaje del 0'7 por 100 del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Además, hemos puesto en marcha una nueva prestación extraordinaria de 420 euros para las personas que han dejado de percibir el subsidio del desempleo, una medida directamente dirigida a evitar y a prevenir la exclusión social.

A todo ello habría que añadir las políticas sociales que, además, desarrollan en sus ámbitos de competencia las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Toda una red social cada vez más fuerte y más sólida que vamos construyendo en España.

En el ámbito de la Unión hemos contado históricamente con un instrumento fundamental de cofinanciación de las actuaciones decididas por las Administraciones nacionales: el Fondo Social Europeo. El Fondo Social nació para impulsar el empleo y se ha convertido, después de cincuenta años de historia, en un emblema de solidaridad europea, que todos quienes trabajan en este ámbito conocen y respetan.

Desde el año 2000 la Unión decidió implicarse más decididamente, ya no sólo a través de la financiación, sino impulsando una estrategia común de lucha contra la exclusión. Utilizando el modelo de la Estrategia de Lisboa, las instituciones europeas han aprobado un marco de actuación común, un marco que cada Estado concreta en sus Planes Nacionales de Inclusión en España, como se sabe, el Plan Nacional de Inclusión Social 2008-2010, que se someten después a examen y evaluación de los mismos por las instituciones europeas.

Desde el año 2005 hemos vivido un proceso de refuerzo de esta Estrategia con la fijación de objetivos progresivamente más concretos: con un nuevo instrumento financiero para la mejora de la información y la creación de redes de acción en materia social, el programa PROGRES, cuyo marco financiero se proyecta hasta 2013 con un total de 740 millones de euros; con un Fondo Europeo de adaptación a la globalización, creado en 2007 por impulso de la Comisión, para apoyar la situación de trabajadores afectados por procesos de ajuste derivados de la globalización y ampliado en 2009; y, para el año 2009 con un impulso financiero extraordinario para el Fondo Social Europeo, como parte del Plan Europeo de Recuperación Económica, de más de seis mil millones de euros adicionales, alcanzando casi el 10 por 100 del Presupuesto europeo.

Cuando se habla de una política europea alejada de la realidad diaria, parece que se ignoran estos datos, y, cuando, como habréis oído estos días, afirmo que queremos más Europa y una Europa más cercana a sus ciudadanos, quiero decir que creemos en el refuerzo de estas actuaciones y en la necesidad de avanzar en esta dirección.

Por eso, la Presidencia apoyará a la Comisión en el desarrollo de la Agenda Social Europea, con el objetivo de fijar metas específicas en las actuaciones de inclusión social, impulsar desde Europa el desarrollo de programas de inclusión activa que combinen el apoyo para rentas mínimas con vinculaciones con el mercado laboral, mejorar el funcionamiento de las políticas activas de empleo y reforzar los programas de intercambio de experiencias entre los países europeos y de revisión conjunta de las políticas nacionales.

Sabemos que la pobreza y la exclusión social no afectan a todos los colectivos de igual modo, ni con la misma intensidad y consecuencias, sino que adoptan formas complejas que guardan relación con una gran variedad de factores. En este sentido, la Presidencia española quiere prestar una atención especial a aquellos grupos que presentan mayores riesgos de exclusión, como las personas mayores, las personas con discapacidad y los desempleados.

Del mismo modo, y transversalmente, las mujeres, ya que en cada caso presentan un riesgo proporcionalmente más alto de caer en la pobreza y la exclusión. Es una manifestación más de las desigualdades que aún arrastramos en el campo de los derechos de las mujeres en relación con los derechos de los hombres. Es verdad que son siglos de historia, pero tenemos que intensificar todas las políticas de igualdad entre hombres y mujeres desde Europa, desde los Veintisiete, porque es, sin duda alguna, la política más transformadora, más equitativa y socialmente más avanzada por la que podemos apostar.

Todos los países debemos de luchar contra el riesgo de exclusión de estos colectivos. Nadie tiene la solución definitiva para ello, pero todos los Estados tienen lecciones que ofrecer y experiencias que compartir y de las que aprender; también España.

Las reformas adoptadas en los últimos años en materia de atención a las personas con discapacidad o la larga tradición de convivencia con la diversidad con el pueblo gitano me permiten decir hoy que nuestro país puede ofrecer al resto de Estados miembros de la Unión un caudal de prácticas recientes en las que hemos puesto mucho empeño como país y un modelo de tratamiento normativo y acción social digno de atención.

Por esta razón la Presidencia española quiere impulsar el avance en acuerdos concretos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito europeo. Con este fin trabajaremos este semestre y celebraremos un Consejo informal de Ministros en Zaragoza.

Saben que la atención a la dependencia, con la Ley de Dependencia puesta en marcha ahora hace tres años, ha sido uno de los grandes objetivos en materia de política social del Gobierno. En tres años hemos conseguido, después de un trabajo con gran esfuerzo, que cerca de quinientas mil personas tengan hoy una atención por su situación de dependencia, bien una prestación económica, bien el trabajo de una persona, bien una plaza residencial. Son quinientas mil personas; por cierto, un 65 por 100, mujeres y un 50 por 100, personas de más de 65 años, lo que sitúa claramente en un segmento social, en una parte de nuestra sociedad, las mayores dificultades para la inclusión social y vital; es decir, personas mayores y mujeres con niveles muy bajos de renta a las que la Ley de Dependencia ha venido a cambiar radicalmente la situación, siendo un factor determinante de cohesión social.

De eso queremos hablar con todos los europeos, con las instituciones europeas, porque, sin duda, éste es un ámbito decisivo para evaluar y para situar las principales tareas del Estado de Bienestar y del modelo social europeo.

Igualmente, celebraremos una Cumbre Europea del Pueblo Gitano que, desde las experiencias de la diversidad cultural y la lucha contra los prejuicios y la exclusión por razón de raza y cultura, debería de servir para proponer medidas que mejoren la integración de todo el colectivo en Europa.

El segundo motivo que confiere una importancia singular a este Año Europeo contra la Pobreza es el diseño de la Estrategia 2020 sobre la que hay tantas expectativas, igual que con el Informe del Grupo de Expertos que preside Felipe González. Son seis meses de expectativas para Europa porque nuestras mejores ideas, nuestros mejores programas, nuestras mejores acciones y el rumbo en un tiempo de dificultad y de sacrificios que vivimos han de ponerse desde la perspectiva europea, desde la atalaya europea y desde la fuerza de Europa.

España pretende que en la Estrategia 2020, que ha de configurar las bases del crecimiento para los próximos años, se apruebe en este período, en la Presidencia rotatoria española, y así se hará. Y quiere hacerlo reforzando la cooperación en ámbitos cruciales como la competitividad de nuestra economía, como el mercado de la energía, como las nuevas tecnologías de la comunicación o la investigación, o de las Universidades, y afrontando desafíos como el que comporta el envejecimiento de la población europea.

En 2025 el 30 por 100 de la población europea tendrá más de 65 años. Es una buena noticia, pero un reto, porque la presión sobre nuestros sistemas de protección será creciente y la necesidad de contar con un número mayor de población activa, también. Vamos a tener que afrontar una ecuación decisiva para el futuro de nuestro modelo, de convivencia de nuestro modelo económico y de nuestro modelo social.

Para mantener y seguir mejorando nuestro modelo social con un número cada vez mayor de personas de avanzada edad no podemos ser menos los que trabajemos. Tenemos que ser, al menos, los mismos o seguramente más. Confiamos en que la Estrategia 2020 y el Informe de Felipe apunten las soluciones a este dilema, a esta ecuación trascendental, en mi opinión, para el futuro de la Unión Europea y de nuestro modelo social.

Queremos que en esa Estrategia, Presidente Barroso, se contemple un modelo de crecimiento competitivo que consiga aunar todas las sinergias de los Veintisiete al servicio de un crecimiento sostenible medioambientalmente, pero también sostenible socialmente.

Europa sólo crece desde la cohesión social y para la cohesión social, y la nueva Estrategia 2020 debe reflejar claramente ese designio. El objetivo de intensificar el crecimiento económico, de recuperarlo y de volver a tener un período de crecimiento sostenible es preservar nuestras señas de identidad: la cohesión, el modelo social europeo. Éste es un empeño firme de España y lo ha sido en toda su trayectoria de presencia en la Unión Europea, ahora que estamos a punto de cumplir los veinticinco años de nuestro ingreso en la Unión. Felipe se acordará muy bien, porque además desarrolló una tarea ejemplar a favor de la idea de la cohesión europea como seña de identidad de nuestro proyecto.

Por eso, ayer en el Parlamento Europeo, ante el Presidente de la Comisión, expresé la necesidad de trabajar en favor de un Pacto Social Europeo; de un Pacto entre las instituciones europeas, las organizaciones empresariales y los trabajadores y sus representantes; de un Pacto Social para trabajar en la misma dirección ante las encrucijadas que Europa tiene, que tiene nuestra fuerza para competir, nuestras necesidades sociales y la competencia con otras áreas y regiones del mundo.

Confío en que el Presidente Barroso impulse ese acuerdo social que siempre fortalece las políticas, que siempre suma actitudes y que está también en la esencia constitutiva de la Unión Europea.

Señoras y señores, amigas y amigos,

Europa es, ante todo, un proyecto de convivencia y solidaridad entre generaciones, entre regiones, entre países y entre personas más o menos vulnerables. Ésta es la fuerza y el sentido de Europa, de nuestra unión política, y así va a seguir siéndolo en los buenos tiempos y también en los tiempos de dificultades como los que vivimos.

Muchas gracias a todos.

© Presidencia del Gobierno de España 2010